ÉTICA Y CORRUPCIÓN POLÍTICA (I)

Aún cuando la corrupción política, y sobre todo la económica, son hoy en día las que ocupan de forma notoria los titulares de los diferentes medios de comunicación, hay otra corrupción, la “invisible”, que nos suele pasar desapercibida a la mayor parte de la ciudadanía, pero que podemos considerar que actualmente es la de mayor gravedad, ya que se trata de una corrupción institucional, que afecta, en mayor o menor medida, a todas las estructuras y a la misma legislación.

España firmó, en diciembre de 2003, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor a finales de 2005 y que nuestro país ratificó en junio de 2006, y que tipifica los delitos de: soborno y cohecho por funciones públicas nacionales e internacionales; malversación, apropiación indebida o desviación de bienes por funcionarios públicos; tráfico de influencias; abuso de funciones; enriquecimiento ilícito; soborno y malversación de bienes en el sector privado; y blanqueo del producto del delito.

Según la definición de Nye, la corrupción política “es el abuso de un cargo o de una posición pública para beneficio privado”, lo que supone la violación de un contrato por un servidor público respecto del Estado y la ciudadanía ( Nye, 1989)

Este quebrantamiento del criterio ético-democrático conlleva, sin excusa alguna, a la obligación ética de dimitir del cargo público, independientemente de la apelación a la justicia.

Pero no se nos debe escapar que para que exista corrupción son necesarias dos partes: el corruptor y el corrupto. Por lo que respecta a España, según el informe anual que confecciona la ONG Transparencia Internacional, en 2005 los españoles no reconocíamos pagar sobornos a ninguna institución, pero en 2007 ya era una realidad reafirmada por un 2% de la población, al tiempo que ha incidido en el 5% de los españoles que han admitido haber pagado sobornos, lo que supone que una de cada 20 personas en España ha accedido al pago de cantidades a instituciones públicas de forma ilegal, lo que incide de forma notable en el hecho de que, cada vez más, la ciudadanía, lamentablemente tolere, y hasta considere inevitables, los frecuentes casos de corrupción a todos los niveles. Esta tolerancia contribuye a que el fenómeno de la corrupción política suponga el marco de toda una cultura de la corrupción.

Si ya de por sí la corrupción política ha de combatirse con todos los medios de que dispone el sistema democrático, ahora que somos, o deberíamos ser conscientes , que en la actual “crisis” económica a escala global, el fenómeno de la corrupción política ha tenido, y está teniendo, un papel clave que acrecienta la particular gravedad de la misma en nuestro país, es la hora de hacernos sin remilgos, ni falsas lamentaciones, la pregunta:¿Qué parte de responsabilidad tenemos la ciudadanía en tanto hayamos podido hacer, de forma más o menos voluntaria, por acción o por omisión, dejadez de nuestras obligaciones democráticas, de control y denuncia de estas actuaciones, pensando que esa era tarea exclusiva de nuetrs@s representantes políticos?